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Boletín de prensa 24 de agosto de 2011
EL TIEMPO
NO NECESITAMOS POLICÍA PARA QUE SE CUMPLAN NUESTROS FALLOS: CIDH
Presidente del organismo judicial habló con EL TIEMPO acerca de los fallos sobre casos colombianos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha condenado al Estado colombiano en al menos 10 casos, sesiona en Colombia desde el pasado lunes y hasta el 2 de septiembre.
Este es el tribunal que le ha ordenado pagar millonarias indemnizaciones y reparar a víctimas de masacres en las que se han visto involucrados agentes del Estado, como la de 19 comerciantes en el Magdalena Medio, la de El Aro (en Ituango, Antioquia) y la de Mapiripán (Meta).
Por norma, la Corte no habla de los casos en investigación de los países a donde traslada sus sesiones -su sede permanente es Costa Rica-, pero su presidente, el peruano Diego García Sayán, habló con EL TIEMPO del cumplimiento de Colombia frente a los fallos. También, del poder real de la Corte para obligar a cumplir sus sentencias.
Por primera vez, en manos del tribunal están hoy demandas por operaciones militares colombianas: el bombardeo de la Fuerza Aérea al caserío Santo Domingo de Tame (Arauca), en diciembre de 1998, en el que perdieron la vida 17 civiles, y 'Génesis', la ofensiva militar contra las Farc en el Urabá chocoano en 1997, que habría allanado el camino a los paramilitares en la zona. García no se refiere directamente a ellas, pero habla de lo que la Corte ha fallado sobre acciones militares en otros países.
Las sesiones de la Corte fuera de Costa Rica tienen, en buena parte, un sentido pedagógico, pero también son deliberadas.
¿Hay alguna razón especial para sesionar en Colombia?
El verdadero mensaje es que hay una cantera de conceptos en la Corte Interamericana que los jueces nacionales pueden utilizar. En América Latina lo hacen cada vez más. Un ejemplo notable en Colombia es la Corte Constitucional, y de ahí irradia a otros tribunales.
¿La idea es que menos casos lleguen a la Corte Interamericana?
Por supuesto. Si los conceptos internacionales son usados cada vez más por los jueces nacionales, no tengo la menor duda de que cada vez menos casos llegarán a la Corte Interamericana.
Pero, ¿no es esto contradictorio, cuando hasta mediados de los 90 pocos casos pasaban de la Comisión Interamericana a la Corte, y la misma Corte pidió que le enviaran más?
Era el momento del parto del Sistema Interamericano, y la Comisión, que presenta los casos a la Corte, no tenía mucho interés en hacerlo. Eso se resolvió.
¿Y ahora la están inundando?
Ahora hay más casos que hace un año, y probablemente en dos años habrá más. No digo que los derechos humanos estén mejor o peor, es que cada vez más gente sabe que las sentencias de la Corte son tomadas en serio por los Estados.
¿De qué nivel es el cumplimento de los Estados frente los fallos de la Corte?
Es difícil medir en todos los casos, porque a veces se trata de fallos que ordenan investigaciones o la construcción de monumentos. Pero, en general, las reparaciones económicas se cumplen, aunque casi todos los países se quejan de que son muy altas y los presupuestos muy reducidos. Podríamos decir que se han cumplido en el 80 por ciento.
¿Hay 'lobby' de los Estados para que les eviten pagos tan altos?
Es normal. Los Estados prefieren que no haya que pagar, y si hay que hacerlo, que sea poquito. Han manifestado sus puntos de vista, pero son cautelosos. Si funcionaran mejor los sistemas internos, habría menos demandas en el Sistema Interamericano. Destaco fallos en el Consejo de Estado compatibles con la Corte Interamericana.
¿Y cuáles son los estándares de la Corte?
La reparación integral. Es decir, moral, económica y con algunos ingredientes que no implican dinero, como seguridad social y ayuda para vivienda. Además, hechos para evitar que se repita la violación de los derechos humanos. En todo caso, para la Corte el componente económico es solo una parte. Lo más complicado en el cumplimiento, no solo en Colombia sino en los demás países, es la investigación para aclarar la verdad.
Colombia, por ejemplo, ha incumplido con la instalación del monumento a los 19 comerciantes asesinados en 1987. Aparentemente, fue puesto en Bucaramanga y se lo llevaron unos militares...
Tengo entendido que Colombia tiene un incumplimiento parcial en eso, pero por otro lado tenemos el caso de Manuel Cepeda, en el que hace poco el Estado pidió perdón acatando una sentencia de la Corte. No quiero decir con esto que el suelo está parejo y que la mesa está completamente tranquila, pues en los países hay complejidades institucionales que llevan a que no siempre se cumpla con todo. Lo que no está en discusión es que hay que cumplir los fallos. Con todos los Estados, sin excepción, hay diálogo para ver cómo van a cumplir.
Y qué le pasa al Estado que no cumple?
La Corte no tiene poder de policía. No tiene un sistema de embargos internacionales para embargar las reservas nacionales de Colombia para construir los monumentos. Pero a la Corte no la hemos creado los jueces ni las ONG ni las víctimas de violaciones de derechos humanos. La crearon los Estados y se comprometieron a respetar sus fallos. El que no los cumple, en un entorno en el cual respetar los derechos humanos es importante, no pasa indiferente para los demás, al menos en América Latina. Es difícil encontrar un Estado que sea parte de la Convención (Americana) que diga que no le importa un fallo de la Corte.
Es difícil, pero no imposible...
No es imposible. Como ocurre a nivel interno, que los tribunales tienen atribuciones para hacer embargos y sancionar y nadie podría decir que todos los fallos son respetados. La sociedad es compleja y quienes se resisten a la justicia internacional lo hacen también a la justicia interna; pero, si comparamos con hace 30 años, prácticamente ningún país de América Latina sostiene que las violaciones de derechos humanos las pueden investigar tribunales militares o que tienen jurisdicción sobre casos civiles, y eso se deriva de las sentencias de la Corte Interamericana.
¿Cuál es el poder de la Corte, si no tiene capacidad para embargar o sancionar incumplimientos?
En el entorno del siglo XXI, con la existencia de la Carta Democrática Interamericana, con la que ningún país tiene un régimen surgido de un golpe, sino que todos pasan por elecciones, la Corte no necesita ese poder de policía.
Pero los Estados cambian de gobiernos. Hay unos 'rebeldes', como el de Chávez...
No quiero hablar de ningún lugar en específico, pero evidentemente los grados de involucramiento de los países son distintos. Pero todos, cuando son convocados, comparecen a los procesos, presentan sus pruebas. Algunos quedan molestos y otros muy molestos si pierden, pero los que están muy molestos son la excepción.
¿Venezuela es una excepción para ustedes?
Es normal que no haya un movimiento geopolítico homogéneo, que haya de cuando en cuando grados distintos de incomodidad de los Estados frente a fallos que les son adversos. Cuando se pierde, alguien violó los derechos humanos.
Ustedes tienen el caso del bombardeo de la Fuerza Aérea al caserío Santo Domingo. Será la primera vez que revisen una operación militar colombiana...
Eso no es algo nuevo para la Corte. Hemos fallado sobre operaciones militares en otros lugares, pero al caso de Colombia no me puedo referir.
El argumento de la Comisión Interamericana para trasladarles el caso es que el Estado no hizo lo suficiente para castigar a los responsables. ¿Ustedes suelen acoger los argumentos de la Comisión?
A veces la Corte no le da la razón, pero eso es cosa de analizar la jurisprudencia y los expedientes.
¿Qué ha pasado con otros Estados en los que han revisado operaciones militares y han concluido que no hicieron los suficiente para castigar a los culpables de violaciones a los derechos humanos?
Al determinar la responsabilidad de agentes del Estado en masacres o desapariciones, y no estoy diciendo que sea el caso de Colombia con Santo Domingo, y se ha comprobado que no se investigó, la orden de la Corte ha sido investigar y resarcir por el daño causado.
Cuesta creer que ustedes no hablen en Colombia con el Gobierno sobre el caso Santo Domingo...
No hablamos del contenido de los casos con ninguna de las partes fuera del proceso. Eso es sagrado. La Corte no toma una decisión con base en lo que escucha, lo que le cuentan, con base en el informe de un periódico. Resuelve con base en las pruebas, los documentos, las declaraciones testimoniales y los peritazgos. Esa es la única garantía que tienen las partes de que están frente a un tribunal y no ante una instancia política.
GOBIERNO DICE A LAS CORTES QUE NO PUEDE ASIGNARLES 5% DE PRESUPUESTO
El Ministro del Interior advirtió que la petición implicaría más de $8 billones anuales.
El Gobierno afirmó que las finanzas del estado no "resisten" una asignación del presupuesto general del 5 por ciento anual para la rama judicial, petición que hizo el Consejo de Estado durante el debate de la reforma de la justicia.
Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, aseguró que "hay que tener en cuenta que la propuesta del Consejo de Estado eleva a 8.8 billones de pesos la solicitud y el incremento que habría que hacerle a la rama, entre un año y otro, lo que es un incremento de más del 500 por ciento por rango constitucional. Va resultar muy difícil que se acoja una propuesta de impacto anual de estas dimensiones".
El Ministro agregó que "es muy complejo que las finanzas lo resistan", pero reconoció que se debe fortalecer el presupuesto de la rama judicial.
"Habrá que ver cómo en los siguientes años y bajo una fórmula que se acuerde se van incrementando, como en efecto ocurre para el 2012, las fuentes de financiación para la justicia. Pero multiplicar por 500 la asignación entre un año y otro, el Ministro de Hacienda ha señalado que no tiene la manera de hacerlo".
Vargas Lleras señaló que en esta primera audiencia sobre la reforma de la justicia evidenció grandes diferencias, inclusive entre las mismas cortes.
"Hay muchas diferencias, las mismas que hemos tenido a lo largo de este año: reglamentación de la tutela, una corte la acepta, otras no; el tema la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, el Gobierno está insistiendo en eso y vemos que este tema ha generado división al interior de las cortes, el tema de acudir a otros operadores de la justicia para avanzar en la descongestión judicial, también vemos que suscita polémica", explicó el funcionario.
Esta audiencia sobre la reforma de la justicia se realizó en la Comisión Primera del Senado, donde este miércoles se espera la asistencia de otros altos funcionarios judiciales como el procurador Alejandro Ordóñez y la fiscal Viviane Morales.
PIERDE FUERZA EN CONGRESO CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES DE MENORES
Proponen evaluar si la resocialización ha sido efectiva a los 25 años de cárcel del violador.
Así se comenzó a ventilar en el Congreso, tras una audiencia pública sobre el proyecto de referendo que impondría la prisión de por vida para quienes abusen de los menores.
A la tesis del presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, de que los violadores de niños se pueden "rehabilitar", hoy se le unieron algunos elementos jurídicos.
El abogado Jaime Granados, quien fue invitado a la audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara sobre la iniciativa, que está a la espera de dos debates finales, defendió esta vía, que -según dijo el propio Granados- se implementa en otros países.
Para el jurista, "debe dársele una oportunidad de efectiva rehabilitación o de resocialización" al violador, "y para ello se debe revisar esta condena. La tendencia es revisarla a los 25 años".
"Una persona condenada de por vida, a los 25 años naturales puede, si realmente ha hecho un esfuerzo de resocialización, ser certificada y obtener por esta vía su libertad, y así hemos logrado uno de los fines tan difíciles de conseguir en la práctica del derecho penal", explicó Granados.
El proyecto de referendo para cadena perpetua a los violadores de niños recibió cuestionamientos por parte de la Comisión Asesora de Política Criminal, la cual le recomendó al Gobierno no apoyar la iniciativa.
De acuerdo con el informe de esta Comisión, "la imposición de tal consecuencia jurídica (la cadena perpetua) deviene incompatible con los principios del Estado Social de Derecho, e introduce distorsiones graves a las bases de la política criminal".
Pero el representante a la Cámara del Partido Verde Alfonso Prada se mostró de acuerdo con la teoría de la rehabilitación.
"Comparto la tesis de que a los 30 ó 35 años de cumplimiento de pena se haga un corte de cuentas para efectos de saber si hubo una plena resocialización, y con eso desmontamos los argumentos de quienes sostienen que estas tesis son peligrosistas en materia penal, que asumen que el individuo no tiene posibilidad de resocialización. Sí, sí la puede tener", dijo el congresista.
No obstante, Gilma Jiménez, senadora del mismo partido de Prada y quien ha sido la principal promotora de la cadena perpetua para los violadores de menores, rechazó enfáticamente esta idea.
"No creo en eso. Es que esto no está hecho en función del verdugo del niño. Como ustedes se han podido dar cuenta hay una inclinación de ciertos sectores de la sociedad a pensar más en los verdugos de los niños, que en los niños víctimas. No le gasto un segundo de mi vida pensando si un violador o asesino de niños tiene cura o se rehabilita", afirmó Jiménez.
En todo caso, el proyecto de referendo debe surtir aún dos debates en la Cámara de Representantes y su examen de constitucionalidad para que los colombianos sean convocados a las urnas, para decidir si apoyan esta condena o no.
Si la iniciativa logra superar estos trámites, se tendría que elaborar un proyecto de ley que reglamente la imposición de la cadena perpetua para estas personas, en el cual se introduciría un examen luego de pasado un tiempo de condena, para determinar si los condenados se han rehabilitado o no.
CORTE SUPREMA AVALÓ LA DOBLE INSTANCIA PARA JUZGAR CONGRESISTAS
Los magistrados del alto tribunal consideran que la medida es necesaria.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, afirmó que todos los magistrados de su corporación están de acuerdo con implementar la doble instancia en el juzgamiento de los aforados, incluidos los congresistas.
"Es necesaria la doble instancia para aforados y así lo considera la Corte Suprema de Justicia. Pero en materia penal debo advertir que hubo un cambio del Gobierno, porque primero se nos propuso que la instrucción siguiera en la Sala Penal y ahora el proyecto dice que debe ser la Fiscalía. Eso está siendo objeto de estudio de la corporación", precisó Tarquino.
De otro lado, el magistrado advirtió que el proyecto de reforma de la justicia del Gobierno pretende privatizar el accionar de la rama al darles facultades jurisdiccionales a jueces y superintendentes.
Tarquino señaló que ese tipo de acciones, así constituyan para descongestionar a la justicia, la afectarían gravemente.
"No es conveniente privatizar la justicia. No niego la buena fe de notarios y superintendentes, pero démonos cuenta quiénes son los superiores de ellos, pues el Ejecutivo. Cuando la justicia pasa de una rama a otra, pues se desnaturaliza el equilibrio de poderes", afirmó Tarquino.
Advirtió que "nos parece peligroso ese traslado de funciones a esta clase de funcionarios del orden ejecutivo".
Camilo Tarquino se pronunció durante el debate de la reforma de la justicia en la Comisión Primera del Senado, donde también advirtió que no está de acuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y reiteró que "no somos los jueces de la república los responsables si hay un déficit de justicia en el país".
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, defendió el proyecto del Gobierno y lo consideró necesario para garantizar el buen funcionamiento de la justicia.
Agregó que incluso analizan "la idea de ver cómo se busca que el control de constitucionalidad de ciertas leyes se dé un tanto anticipadamente, para que no se corra el riesgo de que si se cae se produzcan efectos devastadores".
Consejo de la Judicatura dice que eliminarlo resquebraja al Estado
Su presidente, Angelino Lizcano, aseguró que a su corporación nunca se la ha abierto una investigación de corrupción.
"Por qué solo le quieren pasar cuenta de cobro a una institución que viene haciendo la tarea", se preguntó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, al rechazar la propuesta del Gobierno de eliminar la corporación a través de la reforma de la justicia.
"La eliminación de la judicatura resquebraja el estado social de derecho y no garantiza que los ciudadanos puedan acceder a la justicia", precisó el magistrado al defender la existencia de su corporación.
Lizcano afirmó que pareciera que le quisieran pasar "una cuenta de cobro" al Consejo de la Judicatura, por lo cual recordó que "en 20 años esta institución nunca ha tenido la apertura de una investigación en materia de corrupción, a pesar de que maneja todo el presupuesto de la rama judicial".
Angelino Lizcano señaló que el problema presupuestal es algo evidente en la rama judicial.
"El presupuesto de la rama para este año es de 2 billones 192 mil millones de pesos, cuando se habían solicitado 4 billones 173 mil millones. En el presupuesto para 2012, el Ministerio de Hacienda presentó solo 2 billones 217 mil millones, apenas 24 mil millones más que el año pasado, cuando la necesidad superaba un aumento de más de 2 billones de pesos", aseguró Lizcano.
El magistrado defendió así la existencia de su corporación ante la Comisión Primera del Senado, por lo cual también lanzó críticas al proyecto del Consejo de Estado, señalando que modificar las salas de la judicatura prácticamente lo convetirían en una simple oficina.
"El proyecto del consejo de estado genera un gran desequilibrio porque genera muchas competencias, algunas de ellas en desgreño de las otras corporaciones. Esto no se puede convertir en un juego de poderes", puntualizó Lizcano.
RAMA JUDICIAL RECLAMA EL 5% DEL PRESUPUESTO GENERAL
Lo necesita, al parecer, para poder garantizar su autonomía.
La propuesta está en el proyecto de reforma de la justicia que presentó el Consejo de Estado en el Congreso y que este martes inició su discusión.
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, dijo que en su proyecto de reforma de la justicia se reclama el 5 por ciento del presupuesto general, con el fin de garantizar la autonomía de la rama judicial y los recursos necesarios para su funcionamiento.
Fajardo señaló que se necesita "una política de Estado que establezca que la administración de justicia siempre debe mantenerse al día", por lo cual se necesitan los recursos para cumplir se propósito.
El magistrado señaló que para la administración de justicia se necesitan un reconocimiento "que no sea menos del 5 por ciento dentro del presupuesto general, pero que en eso no se incluya lo que se designa para el funcionamiento de la Fiscalía".
Mauricio Fajardo advirtió que no se puede garantizar la autonomía de la rama judicial cuando cada año le toca estar "rogando" que se le giren los recursos necesarios.
"La rama tiene que estar todos los años, despacho por despacho, rogando por los recursos para contar con los funcionarios necesarios para poder operar. (...) Cuando tenga autonomía presupuestal, su autonomía también estará garantizada", precisó Fajardo.
El magistrado también señaló que el Consejo Superior de la Judicatura no se debe eliminar sino reformar, para que tenga tres salas. Seguiría administrando los recursos de la trama, pero se propone que la sala administrativa esté integrada no solo por abogados y que sus miembros estén bajo la figura del libre nombramiento y remoción.
Mauricio Fajardo defendió el proyecto de reforma de la justicia del Consejo de Estado ante la Comisión Primera del Senado, donde este martes se inició el debate de estas iniciativas que también incluye la propuesta por el Gobierno.
Pérdida de investidura
El Consejo de Estado agregó que es necesario implementar la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura, pero aclaró que se haría al interior de la misma corporación.
"Es necesario introducir la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura. Para esto se propone que la primera instancia sea ante una de las secciones de la corporación, y la segunda la tenga la Sala Plena excluyendo a la célula que investigó", dijo Fajardo.
El magistrado agregó que es necesario extender los periodos de estos procesos, por lo cual propone que cada instancia tenga un mínimo de duración de 40 días.
COLOMBIA AFRONTA TRES INVESTIGACIONES ANTE LA CIDH
Así lo dijo su presidente Diego García, quien aseguró que los casos se analizarán a finales de año.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García, confirmó que Colombia afronta tres investigaciones ante su organismo, relacionadas con amenazas a periodistas y masacres.
García explicó que "son tres casos que están pendientes y que la Corte verá en los próximos meses a través de audiencias públicas. El caso Vélez Restrepo, el de la alegada masacre de Santo Domingo y el de la Operación Génesis".
El primero de los casos hace referencia al periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo, a quien la Fuerza Pública agredió en 1996 mientras cubría una protesta en la que varios miembros del Ejército golpeaban a los manifestantes. El reportero denunció, sufrió amenazas y tuvo que salir exiliado.
El caso de Santo Domingo hace referencia a la muerte de 17 personas el 13 de diciembre de 1998 en esta población de Arauca, quienes perdieron la vida tras un bombardeo de la Fuerza Aérea.
Frente a la Operación Génesis lo que se investiga es la muerte de varios civiles tras una operación militar que se realizó el 24 de febrero de 1997.
El presidente de la CIDH advirtió que la tarea de su corporación no es "humillar a la autoridad" sino contribuir con sus sentencias en procesos de reconciliación.
"El propósito no es humillar a la autoridad pública, sino restablecer la dignidad y la majestad de la autoridad democrática, que bajo ninguna circunstancia puede impulsar o tolerar hechos gravísimos como masacres, asesinatos o desapariciones forzadas", afirmó García.
Agregó que "una sentencia de la Corte, que establece responsabilidad y que busca que esa responsabilidad sea adecuadamente reconocida, quiere y debe ser un ingrediente de la reconciliación en sociedades donde a veces el conflicto interno produce tensiones y distancias entre los ciudadanos y las instituciones".
Sobre el caso de Piedad Córdoba el jurista señaló que no tienen información directa sobre lo que está pasando, pero dijo que "ese tipo de situaciones, en que la integridad física de una persona está amenazada son el tipo de situaciones que la Corte puede conocer o pronunciarse en el marco de las medidas provisionales".
Diego García también hizo un reconocimiento al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos por impulsar medias de reparación y atención a las víctimas del conflicto armado.
"En este proceso de recuperación de tierras y de reparaciones por el conflicto hay una acción decidida por el Estado que indudablemente involucra enormes recursos económicos y un esfuerzo institucional de envergadura que, esperemos, llegue a buen puerto", puntualizó el jurista.
CORTES CHOCAN POR DIFERENCIAS EN LA REFORMA A LA JUSTICIA
Consejo Superior de la Judicatura cuestionó el proyecto del Consejo de Estado.
Duras críticas lanzó este martes la Judicatura al proyecto de reforma de la justicia que presentó el Consejo de Estado, por considerar que varios de los aspectos que contempla "vulnerarían la autonomía de toda la rama judicial".
El presidente de la Judicatura, Angelino Lizcano, advirtió que en términos generales el proyecto le otorga "muchas competencias" a esa corporación, lo que generaría un desequilibrio en la rama.
El pulso se vivió este martes en la Comisión Primera del Senado durante la primera audiencia sobre la reforma de la justicia.
Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, insistió en la necesidad de mantener la Judicatura -el Gobierno propone eliminarla-, pero con reformas que incluso determinarían que sus miembros sean elegidos bajo los principios del libre nombramiento y remoción. La propuesta la rechazó el mismo presidente de la Judicatura.
De otro lado, Congreso, cortes y Gobierno manifestaron su respaldo a la idea de implementar la doble instancia en el juzgamiento a aforados, incluidos los congresistas.
Y mientras miembros de las cortes que asistieron al debate solicitaron que el 5 % del presupuesto de la Nación se le asigne a la rama, el Gobierno dijo que es inviable para las finanzas del Estado.
"Es muy complejo que las finanzas lo resistan. La propuesta del Consejo de Estado eleva a $ 8,8 billones la solicitud, y el incremento que habría que hacerle a la rama, entre un año y otro, es de más del 500 por ciento por rango constitucional", dijo Germán Vargas, ministro del Interior.
¡SALUD, MINSALUD!
Por: Fernando Sánchez Torres
El más grave pecado que cometieron quienes pervirtieron la Ley 100 fue haber hecho de la salud un negocio y haber 'cosificado' a los enfermos.
Desde 1946, el Estado delegó en una agencia suya la responsabilidad directa de atender lo relacionado con la salud de los colombianos. Esa agencia nació con la categoría de Ministerio y al frente suyo se designó un funcionario con la investidura de ministro.
Durante el gobierno del presidente Uribe, con ánimo de reducir la burocracia, se hizo un osado ensayo: fundir en uno los ministerios de Trabajo y de Salud y encargar de él a un ministro bicéfalo. Los resultados no fueron afortunados, a tal punto que su sucesor, Juan Manuel Santos, decidió escindirlo y volver a lo que había, con miras a darles mayor solvencia a los dos sectores.
Por sentido lógico, desde sus inicios, el manejo del ministerio le fue entregado a un médico, hasta cuando se creyó que la salud pública podía ser administrada por un profesional de cualquier disciplina.
A partir de entonces desfilaron por ese despacho, además de médicos, abogados, químicos, agrónomos, economistas, administradores de empresa, etc., con resultados inciertos, pues la salud anduvo de tumbo en tumbo.
Explicable, pues no existía una política sanitaria definida, sino una colcha de retazos. Cada ministro ponía en práctica lo que a su juicio era lo correcto. Por eso advino en 1993 la Ley 100 como fundamento estructural de un sistema de salud tenido como política de Estado, para ser acogida por el Gobierno, cualquiera fuera el ministro de turno. Infortunadamente, su gestor, el doctor Juan Luis Londoño, desapareció muy pronto de la escena y la implementación de la ley tomó un rumbo perverso, para desembocar en un escándalo mayúsculo.
Coincide el destape franco y decidido de la olla podrida donde se venía cocinando la Ley 100, con el rescate del Ministerio de Salud, al que se le debe dar una efusiva bienvenida. Son dos hechos de inmensa trascendencia para el futuro del sector. Hay quienes piensan que esa ley debería sepultarse por completo, sin que se precise a cambio de qué. ¿Volver a la colcha de retazos?
Cuando se analizan de manera desprevenida los fundamentos de aquella, tiene que aceptarse que su andamiaje, su esqueleto, estuvo bien concebido. Lo equivocado fue el ropaje con que se le fue cubriendo. Bajo él fueron medrando y amparándose los negociantes de la salud. La ley cayó entonces en desprestigio, achacándole todos los males, señalándola como el villano del desastre.
Por muestras evidentes, existe la voluntad política de enderezar el rumbo del maltrecho sector de la salud, desmontando el imperio corrupto y colocando al frente de la cartera a un interlocutor válido, unicéfalo, que pueda concentrarse en los problemas de su despacho, que son muchos, algunos de inusitada gravedad.
No es menester que quien la ocupe sea un médico. Puede ser cualquier profesional honesto y capaz, con sano criterio gerencial, pero, sobre todo, con una buena dosis de humanitarismo.
Si el sistema actual de salud adolece de fallas, una de las más protuberantes es el manejo intermediado a cargo de funcionarios carentes de sensibilidad hacia "el otro", nuestro congénere enfermo, tenido como un voraz consumidor de recursos.
El más grave pecado que cometieron quienes pervirtieron la Ley 100 fue haber hecho de la salud un negocio y haber "cosificado" a los enfermos, es decir, haberlos deshumanizado.
EL ESPECTADOR
POR VÍA DE LEY, GOBIERNO BUSCA REVIVIR LAS VIGENCIAS FUTURAS
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó, sin embargo, que las mismas sólo aplican para planes de gran envergadura.
El Gobierno Nacional busca revivir las vigencias futuras para los planes departamentales en todo el país.
Por vía de ley, el Ejecutivo pretende que vuelva a ser aplicada esa figura pero fijando algunas restricciones.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que esta semana el Gobierno radicará el proyecto que acoge los criterios que en esta materia había fijado la contralora Sandra Morelli.
La idea es permitir acudir a las vigencias para planes de gran envergadura y muy en concreto a planes departamentales de agua.
"Lo que se quiere es que las vigencias futuras se utilicen para unos aspectos que comprometen el desarrollo de obras de gran envergadura a nivel territorial",
Aún así, Vargas aclaró que el proyecto no revive vigencias para comprometer recursos en ejecuciones innecesarias.
"No se podrán suscribir vigencias para obras menores toda vez que para esos efectos la contralora cree que las vigencias se asemejan a un endeudamiento", explicó.
Qué dijo en su momento la Contraloría?
A finales de julio, la sección primera del Consejo de Estado confirmó una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Casanare que había declarado en 2010 la ilegalidad de una ordenanza, mediante la cual se decretaron vigencias futuras excepcionales más allá del período del gobernador.
Explica el informe de la Contraloría General que se trata de un fallo trascendental, aunque tiene efectos interpartes (entre las partes), pues sostiene la misma tesis jurídica que de manera conjunta fijaron en septiembre de 2010 la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda y la Auditoría, toda vez que otras entidades territoriales estaban procediendo con base en los mismos supuestos jurídicos ilegales.
La Circular Conjunta Externa del 8 de septiembre de 2010, y ahora la sentencia del Consejo de Estado, ordenan no aplicar por inconstitucionalidad actos administrativos, según los cuales se autorizó incorporar a los respectivos estatutos presupuestales territoriales la figura de las vigencias futuras excepcionales, y por lo tanto, carecen de validez jurídica las decisiones específicas de los departamentos y municipios que acogieron esa figura, que a finales del año pasado superaban los 15 billones de pesos, destaca el informe de prensa.
La decisión del Consejo de Estado es contundente y fija una clara disciplina fiscal, en cuanto a la imposibilidad de pretermitir el principio de legalidad de las normas del presupuesto local, máxime cuando la Constitución Política, es clara al establecer que la autonomía territorial se ejerce dentro del marco de la Ley de Presupuesto y el ordenamiento constitucional.
La corporación reiteró el imperativo de respetar la reserva de ley de las nomas orgánicas del presupuesto y que, en consecuencia, no es la ley del Plan de Desarrollo el instrumento para introducir normas relativas a vigencias futuras excepcionales para el nivel territorial.
En este estado de cosas, la Contraloría General de la República, se permite reiterar que las vigencias futuras extraordinarias no están contempladas en la Ley Orgánica del Presupuesto hoy vigente en Colombia y que, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuente de financiamiento hasta tanto el Congreso de la República, con el lleno de los requisitos constitucionales y legales, no proceda a introducirlas en dicha ley, indica el informe de la Contraloría General.
Luego conviene que, aunque se trate de una decisión que tiene efectos interpartes, habida cuenta de la invalidez de lo allí decidido respecto de las otras ordenanzas proferidas por las distintas Asambleas Departamentales o los acuerdos de los Concejos Municipales o Distritales, se proceda a adoptar los correctivos pertinentes a la mayor brevedad, como se señaló en septiembre del año pasado.
Por esos motivos, las operaciones que se hayan ejecutado en contravía de estas directrices y normas superiores, pueden generar graves responsabilidades de sus ordenadores de gastos y corporaciones que las hayan aprobado.
En cuanto a los Planes Departamentales de Agua, los Sistemas Integrados de Transporte Masivo y los Colegios en Concesion, las vigencias futuras ordinarias que no se ven afectadas por este fallo, son aquellas que se planifican y se inician a ejecutar de manera efectiva dentro del periodo del respectivo alcalde o gobernador.
Como consecuencia de esta decisión, también es claro que no son ejecución presupuestal, acorde con la ley, los traslados presupuestales a instrumentos fiduciarios o a otras personas jurídicas de derecho público o privado, sin que se cuente con la respectiva aprobación del plan y del proyecto, y por lo demás sin que se hayan celebrado sus contratos con fundamento en traslados presupuestales y apropiaciones aprobadas según las normas presupuestales orgánicas, claramente aplicables a todo negocio jurídico, reitera el informe de prensa de la Contraloría General.
EN COLOMBIA LA JUSTICIA TARDA EN LLEGAR MÁS DE DIEZ AÑOS: GOBIERNO
Así inició este martes en el Senado el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, la defensa del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia
El Gobierno Nacional este martes inició la defensa de la reforma a la justicia que presentó ante el Senado de la República.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se refirió a la crisis que sufre actualmente la justicia en Colombia, a tal punto que el país ocupa el puesto 178 entre 183 países fue fueron analizados en esta materia.
En ese sentido, Esguerra señaló que es tan lamentable la situación que la duración de un proceso judicial en promedio es cercano a los diez años, “cuando no de más”.
“Nos convoca un proyecto que busca resolver apenas unos de los problemas que hay que solucionar de los muchos que tiene la administración de justicia (…) nada me gustaría más que decir que este proyecto va a resolver todos los problemas de la justicia pero ciertamente no será así”, aseguró.
A juicio del Gobierno las reformas resultan necesarias y oportunas toda vez que éstas deben ser la base de las otros cambios que puedan venir hacia la justicia por vía de la reglamentación del acto legislativo.
Igualmente, Esguerra recalcó que la iniciativa presentada por el Gobierno "no es un proyecto improvisado" ni se trata de una "postura dogmática".
"Este es un proyecto sesudo y largamente estudiado; además, ha sido consultado con expertos. El Gobierno viene trabajando con juicio y dedicación a lo largo del año que lleva desde que se inauguró", recalcó.
La defensa del Gobierno continuó en la comisión primera del Senado sobre el acto legislativo de reforma a la justicia.
CONSEJO DE ESTADO PIDE AL CONGRESO AUTONOMÍA PRESUPUESTAL
En desarrollo de la primera discusión de la reforma a la justicia en el Senado, el magistrado Mauricio Fajardo pidió un 5% del Presupuesto de la Nación para la rama judicial.
El Consejo de Estado sentó este martes sus puntos de vista sobre la mejor reforma a la justicia que requiere el país.
Cuando el Senado dio inicio a la discusión del acto legislativo, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, exigió garantías presupuestales para la justicia.
El magistrado consideró que al menos un 5% del total del Presupuesto de la Nación debe ser destinado a la rama judicial, sin incluir ese monto los recursos girados a la Fiscalía.
Según él, la autonomía de la justicia debe iniciar desde el hecho de “no rogar” por partidas presupuestales adicionales para la rama.
Además, para Fajardo la descongestión judicial también se da desde los recursos propios para poder agilizar los procesos.
El Consejo de Estado señaló que la única manera de dotar de jueces de manera permanente a la justicia es contar con suficientes recursos.
Actualmente, hay cerca de dos millones de procesos judiciales represados en los despachos judiciales a la espera de ser fallados.
A esta hora avanza la audiencia pública del proyecto en la comisión primera del Senado donde intervendrán congresistas, magistrados y ministros.
Proponen doble instancia para resolver pérdidas de Investidura
Que se avale una doble instancia para resolver las demandas contra las investiduras de dirigentes políticos, propuso el Consejo de Estado en el marco de su proyecto de reforma a la Justicia.
Para la colegiatura, es viable contar con un primer fallo que sea resuelto por la Sección encargada de dar trámite a cada expediente y que haya la posibilidad de apelar la decisión ante la Sala Plena, que serviría de juez de segundo grado.
Entre otros detalles, el Consejo de Estado defendió la permanencia del Consejo Superior de la Judicatura, aunque mediada por una trascendental reforma en su interior.
El alto tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, en el proyecto presentado al Congreso de la República expone la necesidad de crear Salas de Gobierno dentro del mismo Consejo Superior, que sean conformadas por los presidentes de las altas cortes.
Así, espera el presidente de la Colegiatura, Mauricio Fajardo, se acentúe la democratización de la Rama y se fortalezca la autonomía que actualmente le concede la Constitución Nacional.
PRIMER 'CHOQUE' DE GOBIERNO Y CONSEJO DE ESTADO POR REFORMA A LA JUSTICIA
En el primer gran ‘choque’ entre el Gobierno y el Consejo de Estado en desarrollo de la discusión de la reforma a la justicia, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que es poco viable la propuesta del Consejo frente al presupuesto de la Nación.
Aunque Vargas admitió que uno de los asuntos centrales de la reforma es garantizar un mayor presupuesto para la rama y “el Gobierno es consciente de eso”, no se puede dar ese monto del presupuesto a la justicia.
“Hay que tener en cuenta que la propuesta del Consejo de Estado eleva a $8.8 billones el incremento que habría que hacerle a la rama entre un año y otro…es un incremento de más del 500%”, aseguró.
El Gobierno ve “muy difícil” acoger una propuesta de impacto anual de estas dimensiones. “Pasar de dos billones a 8.8 billones de pesos entre una y otra vigencia fiscal es muy complejo que las finanzas de la nación lo resistan”, explicó.
Vargas le recordó al Consejo de Estado que hace varias semanas trajo el proyecto que reglamenta la tarifa del arancel judicial y para el proyecto de presupuesto de 2012 va a hacer un esfuerzo “sin precedentes”.
La propuesta del Consejo
El Consejo de Estado sentó este martes sus puntos de vista sobre la mejor reforma a la justicia que requiere el país.
Cuando el Senado dio inicio a la discusión del acto legislativo, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, exigió garantías presupuestales para la justicia.
El magistrado consideró que al menos un 5% del total del Presupuesto de la Nación debe ser destinado a la rama judicial, sin incluir ese monto los recursos girados a la Fiscalía.
Según él, la autonomía de la justicia debe iniciar desde el hecho de “no rogar” por partidas presupuestales adicionales para la rama.
Además, para Fajardo la descongestión judicial también se da desde los recuros propios para poder agilizar los procesos.
El Consejo de Estado señaló que la única manera de dotar de jueces de manera permanente a la justicia es contar con suficientes recursos.
Actualmente, hay cerca de dos millones de procesos judiciales represados en los despachos judiciales a la espera de ser fallados.
EL NUEVO SIGLO
CORTES SIN CONSENSO EN REFORMA JUDICIAL RADICADA POR CONSEJO DE ESTADO
Altos Tribunales y ministro del Interior chocan por presupuesto de la Rama.
Sin consensos entre las mismas Cortes frente al proyecto de reforma a la justicia radicado por el Consejo de Estado, se inició ayer la discusión del tema en la Comisión Primera del Senado.
Durante la audiencia programada por esa célula legislativa, para que las Cortes expusieran sus puntos de vista sobre el proyecto de reforma propuesto por el Consejo de Estado y el del Gobierno, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, se fue lanza en ristre contra las dos iniciativas.
El magistrado señaló que ninguna de las propuestas garantiza el acceso a la justicia, y defendió la permanencia y vigencia del Consejo Superior de la Judicatura, frente a la propuesta del Gobierno de eliminarla.
“En los primeros quince artículos” del proyecto radicado por el Consejo de Estado “no vemos la gran premisa por la cual empezamos a trabajar en agosto del año pasado, sobre los elementos esenciales para garantizarle el acceso a la justicia a todas las personas de manera ágil, efectiva y transparente”, advirtió.
Frente a la propuesta del Consejo de Estado de suprimir la función jurisdiccional de la Sala Disciplinaria, Lizcano afirmó que “al establecer que la disciplina de los jueces no sea una función jurisdiccional, sino una función administrativa, el juez pierde independencia, porque inclusive un órgano externo como la Procuraduría, puede en cualquier momento, aplicando el poder preferente, entrar a revisarlo. Eso es violación a la autonomía de la Rama Judicial”.
Según el presidente de la Judicatura, “pretender que la investigación disciplinaria de jueces, magistrados y fiscales se haga por actos administrativos, es convertir al Consejo de Estado en órgano de cierre de toda la disciplina de la Rama Judicial”.
De otro lado, aunque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, se mostró de acuerdo con los aspectos centrales de la reforma radicada por el Consejo de Estado, anunció algunas diferencias con el mismo, como el del perfil de los miembros de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
En este tema el Consejo de Estado propone que dicha sala sea integrada por seis funcionarios, todos con perfil gerencial o administrativo.
“Los seis miembros de la Sala Administrativa” del Consejo Superior de la Judicatura “fueran abogados que tuvieran la condición de magistrados y por ende funcionarios con fuero, independientemente que dentro de los requisitos estuviera alguna exigencia particular, para que menos de la mitad tuvieran conocimientos relacionados con aspectos de derecho comercial, contratación pública, etcétera, y se pudieran contratar economistas, contadores o administradores de empresas necesarios”.
Sin embargo, en lo que sí coinciden las Cortes es en la no supresión del Consejo Superior de la Judicatura, que la Corte Constitucional no revise vía de tutela las sentencias judiciales, en mantener las funciones nominadoras y electorales y la necesidad de un mayor presupuesto para la Rama.
En éste último tema, las altas Cortes pidieron que se aumentara a un cinco por ciento el presupuesto, a pesar que el ministro del Interior, Germán Vargas, dijera que las finanzas del Estado no resisten esa propuesta.
“Para este año el presupuesto que aprobó el Congreso el año pasado, fue de dos billones 192 mil millones, y lo que pidió la Rama Judicial a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda para el 2012 fue cuatro billones 173 mil millones. Pero el ministro de Hacienda presentó sólo un presupuesto para el año entrante de dos billones 217 mil millones, simplemente 24 mil millones más que el año pasado, cuando la necesidad soportada ascendía prácticamente a dos billones”, dijo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
Para Lizcano, “el ministro Vargas decía que no todo es dinero, y en eso estamos de acuerdo; pero es un elemento fundamental articulado a otros elementos para poder que la justicia ande por los mejores senderos de la democracia”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema aseguró que el déficit de la justicia no se debe a los jueces de la República.
“Está comprobado que los jueces de la República producen el 110 por ciento, es decir, si le entran 100 procesos, sacan 110, incluidos los que están atrasados. De tal manera, no somos los jueces de la República los responsables si hay algún déficit de justicia en este país”, afirmó Tarquino.
CORTE EXAMINARÁ LEY DE PRIMER EMPLEO
El examen de la primera demanda, de seis interpuestas, contra la Ley del Primer Empleo asumirá desde hoy por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
La demanda va en contra del artículo 16 de la norma que trata sobre los apoyos económicos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, en el que el beneficio entra a aplicar a partir del año gravable 2010.
El demandante considera que al contemplar un beneficio tributario aplicable a partir del año gravable 2010, pese a tener la ley vigencia en el año gravable 2011, vulnera los artículos 338 y 363 de la Constitución. Aduce que el parágrafo del mencionado artículo cobija con un beneficio situaciones que ya se habían consolidado en el pasado, lo cual va en contra de la prohibición de la retroactividad que rige en materia tributaria.
Sin embargo, en su concepto, la Procuraduría señaló que “no hay razón alguna para pensar que ocurra la vulneración de los preceptos superiores, pues el beneficio tributario, a más de aplicarse sólo a partir de la vigencia de la ley y no antes, sólo desde esa fecha es posible para el Estado entregar los apoyos económicos en comento”.
La segunda demanda que estudiará en un par de semanas la alta Corte contra la misma ley, se sustenta en una presunta vulneración de varios preceptos constitucionales por parte del artículo que tiene que ver con la prohibición de la contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado, “pues la alusión que se hace al Código Sustantivo de Trabajo respecto de la retribución de los trabajadores asociados, desconoce la existencia de otras formas de trabajo, también protegidas por la Carta, como es el caso del trabajo solidario. El ampliar el ámbito de aplicación de la legislación laboral a los trabajadores asociados, afecta el derecho de asociación, pues éstos tienen un régimen jurídico propio”, dice la demanda.
Aquí, el Ministerio Público le pide a la Corte no acoger los argumentos de la demanda, porque “no toca aspectos distintos a la citada retribución, y lo hace para proteger principios mínimos fundamentales, por lo cual no puede decirse, como lo hace el actor, que ésta implique desconocer el régimen propio de las cooperativas de trabajo asociado, para imponer a los trabajadores asociados el régimen del Código Sustantivo del Trabajo”.
EL ESTADO DE LOS JUECES
FERNANDO NAVAS TALERO
“Su visita a las cárceles debió dejarlo consternado y perplejo”
EL Gobierno enmendó el grave error de la pasada administración y restituyó el Ministerio de Justicia, encargando de ese despacho a Juan Carlos Esguerra, acreditado abogado y catedrático que conoce el meollo del problema. Algunos politólogos, consejeros del ex Uribe, sostienen que esta cartera es innecesaria, porque en un país donde no hay Justicia para qué ministro. Y parece que el bautizo de sangre que recibió el doctor Esguerra es de por sí una señal de alarma; su visita a las cárceles debió dejarlo consternado y perplejo. Buena partida para comenzar el estudio de la reforma a la Justicia que se propone al Congreso.
¿Cuál es el motivo de la reforma que se proyecta? ¿Será acaso corregir el drama de la Justicia, principalmente en materia penal, en un país donde todo se castiga y no se educa? ¿Se pretende hacer de la Justicia una administración ágil y eficiente? Todo indica que aun cuando esto se halla en el tintero, el motivo oculto puede ser otro. El senador Corzo, presidente del Congreso, con premura confesó una de las intenciones de la reforma ¡y se apresuró a proponer el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria! También se anuncia que se consagrará la doble instancia en los procesos penales y disciplinarios contra los aforados. Igualmente hay consenso en reformar la tutela y restarles competencia a los jueces en esa jurisdicción.
En ese orden de ideas, se supone, que de lo que se trata es de restablecer el equilibrio en la lucha de poder y colocar al aparato judicial en el punto que le corresponde, esto es, el de operador o administrador de justicia y de ninguna manera como detentador de poder político. Acabar con el choque de trenes. No se puede tolerar la “dictadura judicial”. Todo lo contrario, es preciso restablecer el Estado de los Jueces, de manera que la voluntad de la ley sea reconocida por el juez ciegamente, como es reconocida la voluntad del Gobierno por los soldados que están siempre al servicio y a discreción del Rey. Los magistrados y los generales son postulados por el Presidente y su remuneración la aprueba el Congreso. La insatisfacción judicial -sed de justicia- del pueblo es parte de la servidumbre de miedo que debe soportar el hombre para admitir el poder soberano y protector del déspota, siguiendo a Hobbes.
No cabe duda que las muestras de independencia que han dado últimamente los jueces no son del agrado de los detentadores del poder político. De ahí que suponer que la reforma acabe con la Comisión de Acusaciones es soñar con “garzas preñadas”. Así lo piensa el doctor Uribe. Lo ideal es mantener el aparato judicial en las condiciones de precariedad jurídica y administrativa que siempre ha tenido “para que no ocupe espacios políticos y sociales en que iría en contra de las mismas necesidades del sistema”. (La independencia del Juez - Dieter Simon).
REVISTA SEMANA
PRIMER PULSO ENTRE GOBIERNO Y CORTES POR PRESUPUESTO DE LA JUSTICIA
Gobierno y cortes destaparon en el Congreso sus cartas sobre la reforma a la justicia. El primer pulso, el presupuesto de la rama judicial. Los magistrados lo califican de insuficiente, mientras el ministro del Interior dice que el problema es estructural y no sólo de plata.
El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra debutó en el Congreso. Presentó ante la Comisión Primera del Senado los alcances de la reforma a la justicia propuesta por el gobierno. El proyecto, que calificó de “sesudo y nada improvisado”, fue blanco de muchas observaciones por los presidentes de las altas cortes.
Precisamente, el Consejo de Estado también expuso los alcances de su propia reforma. Además fue respaldado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.
Los presidentes de estas corporaciones acompañaron al presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, y no sólo cerraron filas en torno a la propuesta que nació del seno de la rama judicial. También coincidieron en afirmar que el proyecto del gobierno no resuelve los “verdaderos” problemas de la administración de justicia.
Tanto el Consejo de Estado, como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura le lanzaron una fuerte advertencia al gobierno. De nada servirán los ajustes planteados si no se aumenta el presupuesto de la rama judicial.
“Los problemas de la justicia no sólo son responsabilidad de los jueces. Es responsabilidad del Estado que no ha suministrado los recursos suficientes para que la justicia sea pronta y eficaz y accesible al ciudadano”. Esa fue la advertencia del magistrado Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Necesitamos cinco por ciento del presupuesto nacional: cortes
Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, fue el encargado de proponer que, por vía constitucional, a la rama judicial se le garantice mínimo el 5 por ciento del presupuesto nacional, y que este excluya la partida destinada para el funcionamiento de la Fiscalía.
La audaz propuesta significa que a la rama judicial se le asigne 8,8 billones de pesos anuales. El actual presupuesto para la justicia no supera los 2,4 billones de pesos.
“Necesitamos una política de Estado que establezca que la administración de justicia siempre debe mantenerse al día. No se puede garantizar la autonomía de la rama judicial cuando cada año hay que estar rogando que se le giren los recursos necesarios”, explicó Fajardo.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que reclamar el 5 por ciento “no es una cifra caprichosa” y que está sustentada en estudios técnicos adelantados por el Consejo Superior de la Judicatura.
Según el magistrado Camilo Tarquino, el gobierno destina el 5,6 por ciento del presupuesto al Ministerio de Hacienda; el 4,1 a la Policía, el 14,4 a la educación y el 16, 6 por ciento exclusivamente al ministerio de Protección Social. “Sólo el ICBF se lleva el 2 por ciento del presupuesto”, rubro similar al de la rama judicial.
“Nos hacen falta mínimo dos billones para el presupuesto de la rama judicial. Los jueces tenemos que multiplicarnos. Hoy estamos rindiendo a más del 111 por ciento para descongestionar la justicia”, explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, el primer debate de la reforma a la justicia se concentró en esta discusión. Angelino Lizcano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, lanzó varios dardos al gobierno y descalificó el proyecto presentado por el Ejecutivo al afirmar que “una verdadera reforma a la justicia” no pasa por eliminar la Judicatura.
“No entendemos por qué el ministro de Hacienda sólo otorgó 24.000 mil millones de pesos como aumento de presupuesto cuando las necesidades ascienden a dos billones”, explicó Lizcano.
La exigencia es “inviable”: Gobierno
El Gobierno, en voz del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, consideró que los problemas de la justicia son estructurales y van más allá del tema presupuestal. Además calificó de “imposibles” e “inviables” las exigencias de las altas cortes.
Vargas Lleras consideró que las peticiones de las altas Cortes significan un aumento para la rama del 500 por ciento, en su presupuesto entre un año y otro.
"Uno de los asuntos centrales, a lo largo de este año, ha sido garantizar un mayor presupuesto para la rama judicial. El Gobierno es consciente y por eso trajo a consideración del Congreso el proyecto que reglamenta la tarifa del arancel judicial y para el proyecto de prepuesto del año 2012 se va hacer un esfuerzo sin precedentes”, explicó Vargas Lleras.
Angelino Lizcano dijo que el Congreso “no puede hacerle el quite” a la discusión de la rama. Y refiriéndose a Vargas Lleras dijo que las cortes no sólo están peleando por plata. “No todo es dinero, pero es un elemento fundamental”.
La polémica de la doble instancia
Otro de los puntos de la reforma a la justicia que generó un choque de criterios entre el Gobierno y las cortes fue la garantía de la doble instancia en procesos penales para congresistas.
Las cortes consideran necesario e indispensable garantizarles a los aforados ese derecho, pero cuestionan que el Gobierno proponga que sea la Fiscalía y no la Corte Suprema de Justicia la que investigue a los congresistas.
“Fue una sorpresa” la propuesta, admitió Camilo Tarquino, pues aseguró que un año de discusiones el gobierno jamás habló de esa fórmula.
Para la rama judicial, la propuesta solo busca retirarle a la Corte Suprema de Justicia sus facultades de investigar.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, rechazó la tesis de que se quiera gubernamentalizar la investigación a los congresistas. “Es falso. La Fiscalía pertenece a la rama judicial y fue creada como el máximo organismo investigador”.
La doble instancia se garantizará, según Esguerra, dividiendo la sala penal de la corte en dos secciones. Una valorará el proceso en primera instancia y la restante hará la segunda instancia.
La reforma a la justicia empezó su discusión. La audiencia de este martes sirvió para que el Gobierno y las cortes destaparan sus cartas. Pero el consenso está aún muy lejano y el proyecto debe superar cuatro debates antes del 16 de diciembre.
SI UNO MIRA LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA, AHÍ ESTÁ LA CORTE IDH"
El presidente del organismo, Diego García Sayán, indicó que en Colombia ha habido un avance en la aceptación e incorporación de las decisiones de la justicia internacional.
Por estos días, seis jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sesionan desde Colombia. Los juristas estudian las demandas instauradas por ciudadanos de Chile, Argentina y Brasil en contra de sus estados.
La Corte IDH es un organismo creada en 1969 por estados miembros de la Organización de Estados Americanos –OEA– , “con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano”. La Corte procesa los casos de violaciones de los Estados miembros de la OEA a los derechos humanos y en los que se han agotado todas las instancias judiciales internas de los países.
Semana.com entrevistó al presidente de la Corte, el peruano Diego García Sayán, quien anteriormente fue director general de la Comisión Andina de Juristas y miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. García Sayán también fue ministro de Justicia y de Exteriores de su país. El funcionario explicó por qué la Corte eligió a Colombia para sesionar, los desafíos que tiene y cuál ha sido el impacto de la justicia internacional en Colombia.
Semana.com: ¿Para qué vino la Corte a Colombia?
Diego García Sayán: Primero, para qué no venimos: no venimos a hacer un informe sobre cómo están los derechos humanos en Colombia, sino a cumplir las funciones del tribunal, celebrar audiencias, deliberar y tomar decisiones sobre casos. La Corte IDH se informa a partir de los casos y decide exclusivamente en función de los méritos que se han aportado en cada expediente.
Semana.com: ¿Y por qué sesiona fuera de Costa Rica?
D.G.S.: Aunque la Corte tiene su sede en Costa Rica, se debe a los pueblos de América, y nada más importante que los países que han reconocido la competencia de la Corte estén cerca al tribunal para que haya un conocimiento y puedan verla en acción. Desde hace cuatro años y medio hemos visto la utilidad de las sesiones itinerantes, se genera curiosidad por la jurisprudencia de la Corte y los jueces nacionales cada vez más utilizan en sus fallos ingredientes de ésta. Y al revés, en esto que llamamos diálogo jurisprudencial la Corte está tomando sentencias de tribunales como el Constitucional de Colombia, para proteger los derechos humanos.
Semana.com: Uno de los casos que se juzgará será la demanda de la jueza Atala Riffo, de Chile, a quien le negaron la custodia de sus hijas, por declararse lesbiana. ¿Qué analizarán de este caso?
D.G.S.: Está en discusión la forma en que los tribunales chilenos procesaron su orientación sexual y las consecuencias en su vida familiar. Este es el primer caso de esta naturaleza que llega a la Corte. Sabemos que es muy relevante porque hay otros semejantes en tribunales nacionales de varios países. No puedo dar ninguna opinión porque no me corresponde y quiero formarme una apreciación en el proceso de análisis del caso. Ya veremos cómo se plantea, y en su momento, la Corte tomará una decisión.
Semana.com: En Colombia esa es una discusión interesante, pues hay sectores que promueven limitar algunos derechos de parejas homosexuales y otros que los defienden. ¿Hasta dónde organismos del Estado pueden interferir en decisiones personales o familiares, como la condición sexual? y ¿qué papel juega la Corte en estos casos?
D.G.S.: No quiero decir nada que pueda ser interpretado equívocamente en el caso chileno, pero sí puedo mencionar aspectos generales: el criterio de la Corte para resolver las reclamaciones sobre derechos humanos deriva de una disposición de la Convención Americana, que es la interpretación a favor de estos. En la duda, se orienta la interpretación a favor de ampliar los derechos de las personas. Eso ha sido un instrumento que se ha ido extendiendo más allá del texto de la Convención, no porque la Corte está inventado un nuevo derecho, sino porque los tribunales tienen la obligación de crear derecho para resolver situaciones no están explícitas en las normas.
Semana.com: ¿cómo llega un proceso a la Corte IDH?
D.G.S.: Los casos llegan luego de que se hace un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que presenta formalmente el caso ante nosotros. Por eso no llegan grandes cantidades. Cuando las puertas han sido abiertas, las presuntas víctimas tienen derecho a participar en el proceso de manera autónoma presentando sus propios argumentos, pruebas, y pretensiones de reparación. Y por supuesto, el Estado tiene el derecho de enterarse de todo y presentar sus argumentos.
No hay un acceso directo por parte de las personas a la Corte. Pero lo que ocurre es que los tribunales nacionales están nutriéndose de los criterios que salen de nuestras sentencias y tiene un efecto dominó en los tribunales constitucionales o supremos. Lo que vemos es que así, la justicia nacional toma su papel asume posiciones positivas y creativas, alimentándose de esta jurisprudencia.
Semana.com: ¿Cuántos casos colombianos hay en la Corte?
D.G.S.: Los casos de Colombia han sido como una docena. No es una cantidad abrumadora. Pero si uno revisa la jurisprudencia de las cortes colombianas uno encuentra que la Corte IDH está ahí y no depende de que la Corte venga a Colombia.
Semana.com: ¿Cómo ha sido la aceptación de Colombia a las decisiones de la Corte?
D.G.S.: Si bien la realidad es compleja y no todo está cumpliéndose adecuadamente, hay una dinámica constructiva para el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Hay un diálogo fluido entre el Estado y las víctimas, y eso nos pone en la ruta de afirmación a la justicia interamericana. Por ejemplo, hace unos días el Gobierno pidió perdón por el caso de Manuel José Cepeda. Eso fue resultado de un fallo de la Corte. Hace 10 o 15 años ese panorama era insospechado, cuando era muy difícil imaginar que sentencias adversas al Estado no hubieran tenido una reacción política. Lo que vemos es un proceso muy positivo de avances en el cumplimiento de las sentencias, lo cual ha dicho la Corte en sus informes. Por ejemplo, las reparaciones económicas, que muchas veces son incómodas para los estados con problemas fiscales, se han cumplido en un 80 por ciento. Eso es una señal significativa de que el sistema interamericano ha sido tomado muy en serio.
Semana.com: ¿Cuáles son los retos para la justicia internacional, en un contexto en el que los Estados enfrentan el desafío de redes internacionales de crimen?
D.G.S.: En el pasado, América Latina tuvo la amenaza de los gobiernos autoritarios, las dictaduras militares o los gobiernos civiles que se comportaban como si no lo fueran. Eso felizmente ha quedado atrás. Si bien nuestras democracias requieren fortalecimiento, todas son democracias de origen electoral.
Pero hay aspectos que conspiran contra la institucionalidad como el crimen organizado. Pero ¿Eso qué tiene que ver con los derechos humanos? Las sociedades, frente al descontrol del crimen, a veces, están dispuestas a renunciar a derechos en aras de la seguridad; desde tolerar la justicia por mano propia hasta cortar camino en la vía de la administración de justicia.
Ese es uno de los grandes retos: cómo salimos airosos enfrentando al crimen organizado, que deteriora todos los valores democráticos, pero sin que los derechos humanos se perciban como un impedimento, sino como herramienta.
La ciudadanía que cree en las instituciones, se identifica y cree en la justicia y la policía, sin duda, contribuirá más a enfrentar la inseguridad, que una ciudadanía atemorizada.
Semana.com: ¿Qué debe hacer un jurista que aspire a ser juez de la Corte IDH?
D.G.S.: No hay un manual. Hay gente que viene de los mundos de la academia, de la política, de las ONG. Pero todos son personas que han perseverado en la vida de los derechos humanos, que están dispuestos a ser jueces internacionales sin pedir una compensación económica sino porque creen en los derechos humanos. Hay muchísimos hombres y mujeres en América Latina, y en Colombia, que estarían en excelentes condiciones para ser jueces y juezas de la Corte y hacer de este un tribunal más sólido y seguramente mucho mejor del que tenemos.
Semana.com: ¿Cuánto tiempo va a estar la Corte en Colombia y para dónde va después?
D.G.S.: En esta primera semana tenemos las audiencias públicas. En la segunda, deliberaciones internas acompañadas de un encuentro académico que se hará con conferencias de jueces y profesores invitados. El siguiente proceso de sesiones lo tenemos en Barbados, país caribeño y angloparlante. Y seguiremos con nuestras deliberaciones y encuentros.
CMI
LA CORTE INTERAMERICANA RESPALDA LA LEY DE VÍCTIMAS, APROBADA EN COLOMBIA
Según el representante de la Corte Interamericana, esa ley es un paso hacia la reconciliación, el perdón y el olvido.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, calificó como algo muy positivo para el país la aprobación de la Ley de víctimas que pretende reparar a todas las personas que se han visto afectadas por el conflicto armado en Colombia.
El juez señala que esa Ley es el primer paso en el camino hacia la reconciliación, el perdón y el olvido que necesita el país.
“Sin duda alguna esta norma que se ha hecho para reparación de las víctimas es una pieza fundamental para la vida democrática en sociedad, y para fomentar la tolerancia que impida que en un futuro se repintan esas atrocidades”, indicó el juez.
Por otra parte, García Sayán lamentó el caso de la exsenadora Piedad Córdoba que tuvo que salir del país por amenazas, pero dijo que hasta el momento no hay ningún proceso en curso por este caso.
“La Corte de oficio no puede abrir ningún proceso, ni tomar alguna decisión sobre personas cuya integridad física este amenazada. La solicitud la hace la Comisión Interamericana”, añadió Sayán.
El juez agregó que actualmente la Corte Interamericana investiga tres casos que comprometen al Estado colombiano en posibles omisiones en varias masacres como son los casos de Vélez y Restrepo, la masacre de Santo Domingo y la Operación “Génesis”, que se realizó en el Chocó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra sesionando en Colombia y durante su visita tendrán reuniones con representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.